La Ley estatutaria 1285 del 2009 creó el arancel judicial, una contribución que los usuarios del sistema judicial colombiano deben pagar para sufragar los gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia. Con posterioridad a su creación, la Ley 1653 de 2013 fijó las reglas para su cobro.
Mediante sentencia C-169 de marzo 19 del 2014, confirmada en fallos posteriores [1], la Corte Constitucional decidió declarar inexequible la citada Ley 1653 del 15 de julio del 2013.